Editorial
El SALARIO
VITAL MINIMO es un DERECHO DEMOCRÁTICO
Hace pocos días
los trabajadores de la construcción conmovieron Montevideo con
una manifestación y acto frente al Palacio Legislativo organizado
por el SUNCA, no sólo por la masividad de la demostración, sino por
los objetivos de la misma: la aprobación de una ley de
responsabilidad penal que los ampare en los 50000 accidentes anuales
en la actividad, de los cuales muchos provocan la muerte del
trabajador y en la mayoría de los casos provocan discapacidades
diversas.
La tercera
semana de abril vivió otras
manifestaciones de trabajadores, por ejemplo, la de los trabajadores
de ANCAP agrupados en FANCAP
manifestando
su repudio y
buscando evitar la asociación con privados en el abastecimiento de
combustibles en el Aeropuerto de Carrasco.
Asimismo, la
propuesta del PIT CNT de expender artículos de primera necesidad
sorteando la intermediación para abaratar costos es una iniciativa
política como otras de trascendencia que ha tomado la central
obrera, por ejemplo cuando en el año 2012 llamó a
debatir la convocatoria a una Convención
Nacional Constituyente y más tarde presentó la iniciativa al Frente
Amplio.
Miles de
trabajadores de la construcción se movilizaron en defensa de
la vida
y seguridad en las obras
Los trabajadores
organizados se encuentran ante la necesidad de concentrar y
centralizar su accionar en la lucha por un salario mínimo
nacional que avance en la vía de superar la desigual distribución
del PIB, las próximas rondas de consejos salariales y la última
Rendición de Cuentas de este período de gobierno pondrán a prueba
la capacidad de movilización y la estrategia de defensa y aumento
salarial que desplegará la central obrera.
Los
necesarios cambios estructurales del país
Datos objetivos
informan que alrededor de 800 000 trabajadores/as perciben
ingresos los colocan por debajo de la línea de pobreza.
Dirigentes y corrientes del Frente Amplio polemizan ante
lo que se califica como de “agotamiento del modelo
de crecimiento” junto a la necesidad de encarar la
redistribución de la riqueza desde una perspectiva
integral, colocando en discusión el proceso productivo,
las relaciones de trabajo y el accionar del
Estado en impuestos y gastos, aunque sin
definiciones programáticas ni propuestas concretas. Mientras
tanto, se mantiene un modelo impositivo regresiva
sostenido en la recaudación del IVA y al IRPF, impuestos
que caen sobre los ingresos producidos por el trabajo. Si bien el
IRPF no recae sobre los salarios bajos o muy bajos, el IVA cae
cual marronazo sobre el gasto esencial de las familias, destinado
a alimentación, transporte y servicios.
El
funcionamiento del sistema se sostiene en pilares tan endebles como
el Salario Mínimo Nacional, la imposición al consumo y los ingresos
por trabajo, y en la bonificación y exoneración impositiva al agro,
la industria, la banca. Esta es una de las bases de una crisis que se
coló en el mismo Consejo de Ministros y en el Frente Amplio, aunque
algunos de sus integrantes vienen dedicando energías
a malabarismos electorales.
El agotamiento
social del modelo económico se sostiene en una
estructura de distribución del PBI frágil, desigual,
reiteramos, que condujo hace unos
meses al Ministerio de Economía y Finanzas
a hacer maquillajes en el cálculo de
inflación. La menguada rebaja del IVA en dos puntos no encuentra el
momento de imponerse, mientas el Salario Mínimo Nacional se
mantiene en los $ 8 OOO.
El 1º de
Mayo es propicio para el análisis y la definición por
parte de los trabajadores organizados de
la estrategia futura. Procesos y
Gobiernos que
no avanzan
en formular y concretar transformaciones estructurales, Chile antes,
Paraguay más recientemente, retroceden al
quedar atrapados en las reglas del sistema capitalista. Los que
arriesgan –aun en forma combinada y desigual – van
logrando consolidar procesos de cambio, como los que vive Venezuela,
Ecuador, Brasil, Bolivia o la Argentina, donde
el Gobierno avanza en aprobar la reforma democratizadora del
Poder Judicial.
El sistema juega
al chantaje social cuando
amenaza con que el accionar de los trabajadores conducirá
al país a etapas aciagas, ya vividas, poniendo en cuestión “la
viabilidad de
decenas de empresas y de miles puestos de trabajo” (“El
País”). En España
no existieron mejoras salariales o de condiciones laborales, sin
embargo ya
sobrepasó los 6 millones sin trabajo, mas de un 25% de la fuerza
laboral. El sistema se sincera, pero la premisa es que el
capitalismo debe continuar,
aunque el Gobierno sea del Frente Amplio, o viene
el caos. Un
sector de la conducción del Frente Amplio no ha mostrado diferencias
con el razonamiento
que justifica
la desigualdad, como mal necesario ante las
“bondades” del sistema.
Cuando el
Ministro Fernando Lorenzo anuncia “cambios estructurales” se
refiere al objetivo
de aplicar ciencia y tecnología a la producción, al aumento de la
productividad, a plantar cada centímetro del territorio nacional, a
la minería a cielo abierto, al uso de agroquímicos, al aumento de
las exportaciones e importaciones, pero no refiere a las formas de
producción, a la transformación de la función social de
la propiedad, de los
medios de producción y cambio.
La central
obrera deberá ser quien aparezca colocando el
programa de
transformaciones estructurales sobre la mesa, trabado como lo está
el Frente Amplio – por ahora – en contradicciones internas. La
modificación de la estructura institucional, económica, de las
formas de producción y distribución, se
ha puesto en
el orden del día por la
intervención de los trabajadores organizados en sindicatos y la
central obrera.
La conducción
mayoritaria del Frente Amplio se entretiene – y procura entretener
- anunciando
que va a analizar un nuevo programa, cuando
no aplicó desde el Gobierno nacional, el
programa vigente. Dicen no querer auditar al
Gobierno, mientras se acentúan pronunciamientos de sectores y la
disputa por
fuera de los organismos conduce al mismo resultado.
El Estado debe
controlar el gran comercio exterior y el gran comercio interno por
donde pasa el gran negocio y negociados del sistema. De otra forma,
el Estado opera como garantía de la apropiación de la
tasa de ganancia del empresariado. El Sistema Nacional
Integrado de Salud, la educación, incluidos los salarios de docentes
y no docentes, infraestructura nacional, vivienda, saneamiento,
cooperativas obreras, necesitan recursos cuantiosos que es necesario
tomar en donde se encuentran concentrados. El Gobierno
debe duplicar el Salario Mínimo Nacional y las Jubilaciones y
pensiones mínimas, en lo inmediato. No existe superior concepción y
programa hacia la cohesión e inclusión social cuando desde el
Ministerio de Desarrollo Social se declara incapacidad
para revertir la tendencia a la polarización social.
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