Declaración del Secretariado Nacional del Frente Amplio
En su sesión de hoy, lunes 18 de febrero, el Secretariado del Frente Amplio ha analizado los hechos relacionados con el traslado de la Dra. Mariana Mota a un Juzgado de lo Civil y considera necesario formular la siguiente Declaración:
1º) Reclamamos la máxima transparencia. En un estado de derecho, todas las autoridades públicas deben actuar con la máxima transparencia, permitiendo a la ciudadanía conocer los fundamentos de los actos administrativos que dicten para cumplir con su función y asegurar la mejor prestación del servicio a su cargo. Por ello, nunca puede entenderse que los reclamos de transparencia puedan afectar la independencia o la posición institucional de un órgano del Estado.
1º) Reclamamos la máxima transparencia. En un estado de derecho, todas las autoridades públicas deben actuar con la máxima transparencia, permitiendo a la ciudadanía conocer los fundamentos de los actos administrativos que dicten para cumplir con su función y asegurar la mejor prestación del servicio a su cargo. Por ello, nunca puede entenderse que los reclamos de transparencia puedan afectar la independencia o la posición institucional de un órgano del Estado.
2º) Solicitamos que se expliquen los motivos del traslado. Teniendo en cuenta las dudas que hoy existen en la opinión pública, explicitar las razones de servicio en que debería haberse fundado la decisión administrativa de trasladar a la Dra. Mota, contribuiría a descartar toda interpretación que atribuya su traslado a presiones políticas o a razones de otro orden, lesivas para la independencia de los magistrados.
3º) El Secretariado expresa su confianza en los magistrados uruguayos, que dentro de la Constitución y la ley y con absoluta independencia, han venido investigando y juzgando los gravísimos delitos cometidos durante la dictadura en aplicación del terrorismo de estado.
4º) Rechazamos enérgicamente las declaraciones provenientes de los sectores políticos de oposición que pretenden poner en duda la adhesión de nuestra fuerza política a las instituciones democráticas y a la Constitución de la República.
Nuestro pueblo conoce bien quiénes pagaron el más alto precio, con sacrificio de su vida y su libertad, para defender y recuperar la democracia en este país.
Nuestro pueblo conoce bien quiénes pagaron el más alto precio, con sacrificio de su vida y su libertad, para defender y recuperar la democracia en este país.
Resulta de una hipocresía lamentable que pretendan presentarse como defensores de la independencia judicial aquellos sectores que aún hoy justifican y defienden la inmoral Ley de Caducidad, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y considerada nula por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ley que esos sectores votaron sometiéndose a la más desembozada presión militar.
SCJ: la puerta trasera de una desteñida institucionalidad
Compartimos, la declaración del Secretariado del Frente Amplio. El traslado de la Juez Mariana Motta, resulta imposible de ocultar como un simple acto administrativo cuando tiene evidentes connotaciones políticas y sociales. Es lo que sostuvo el senador Eduardo Lorier cuando afirmó que las “superestructuras jurídico-políticas actúan para defender los intereses dominantes: a la tierra no se la toca, y a los criminales violadores de los Derechos Humanos, tampoco”. Y agregó “hay cosas que no pueden verse aisladas unas de otras … a veces conviene unir hechos … unir el traslado de Mariana Motta con la posible inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley de caducidad y con la anunciada (ahora concretada) inconstitucionalidad del ICIR…”
El diputado y secretario general del Partido Socialista, Yerú Pardiñas, afirmó que si bien se respeta la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en el caso de Mariana Mota, no se la puede tomar "como verdad absoluta". En el FA "hay preocupación con que las expresiones de la Suprema Corte estén coludiendo con las definiciones parlamentarias…siendo evidente que de consagrarse todas estas resoluciones, la mayoría de la Suprema Corte está interpretando las normas en forma bastante diferente a lo que es el sentir no solamente del Frente Amplio, sino también, en el caso de la jueza Mota, de las organizaciones sociales".
José Bayardi, diputado de la Vertiente Artiguista, quién fue el 1º que pidió cursar invitación a la SCJ para que concurra al Parlamento – una asunto que se resolverá recién hoy - afirmó que “a la Justicia no se le puede pedir que rinda cuentas por sus decisiones judiciales, pero sí por sus actos administrativos. No existen poderes absolutos en un Estado democrático: los actos administrativos se tienen que explicar". "La independencia del Poder Judicial radica en las decisiones de los magistrados" y por eso la SCJ debe fundamentar sus traslados. "Tiene por lo menos dos condiciones: oír al fiscal de Corte y que haya razones fundadas de buen servicio", indicó. "Existe un sector de la sociedad que entiende que la SCJ respondió a presiones políticas”.
El Frente Amplio aparece tomando distancia – por ejemplo – de declaraciones de la Senadora Lucía Topolansky cuando consideró que lo importante es era la inconstitucionalidad del ICIR y el ataque a las investigaciones de la agresión a los DD HH. Afirmación que se une a la calificación de “feo, muy feo” con que el presidente Mujica calificó la concentración del pasado viernes ante el Palacio Piria.
El Poder Ejecutivo y Poder Legislativo han venido adoptando algunas decisiones o que son improvisadas o asesoradas erradamente como la imposición ICIR, el impuesto a algunos grandes propietarios de concentraciones de tierras. La Suprema Corte de Justicia comenzó ahora ha procesar su anulación con la obligación por el Estado de devolución de lo recaudado. Una nueva crisis, una especie de fractura expuesta, entre el Presidente y el Vice, Danilo Astori, quién sale un día si y otro también, a confrontar en forma pública con afirmaciones de Mujica u otros integrantes del Gobierno Nacional. Lo reiteró anoche reclamando absoluto monopolio sobre toda iniciativa en el plano económico para el Ministerio de Economía y Finanzas, aquí sí, oficializando la existencia de un Gobierno construido en base a intocadas parcelas de poder.
Cuando el Presiente se orienta - en una de sus múltiples declaraciones -, a proponer transformar la Constitución de la República, aparece el Vicepresidente afirmando que no es necesario hacerlo. La posición de Astori, a esta altura, resulta impresentable: aparece siempre en defensa del statu quo, procurando dar garantías de que el Uruguay no debe avanzar en transformaciones de ningún tipo y estilo, incluidas las constitucionales, establecidas, además, por resoluciones congresales del Frente Amplio.-
El Partido Obrero Revolucionario en tiempo, con fundamentos, avanzó en la propuesta de una nueva postulación de Tabaré Vázquez para el período 2010-2015, cuando advertimos de los peligros de la orientación que venía adoptando la mayoría casi absoluta de los Partidos y movimientos integrantes del Frente, cuando se instaló la disputada por imponer primacías en la elección interna del año 2009.
El 2º Gobierno nacional del Frente Amplio debía mantener e intentar extender y profundizar lo realizado, no retrocediendo hacia posiciones conceptuales que, en muchos asuntos, se asemejan a las de una especie de partido violáceo – como lo calificó el cda. León Cristalli – que hoy procea enfrentamientos entre Ministros de Estado, o este más reciente, entre el Presidente y el Vicepresidente.-
Con este panorama, una manifestación de 500 personas antes la SCJ, movió el tablero. Nadie se engaña que meterse con los DD HH es, de alguna, forma, reivindicar la impunidad de los delitos de lesa humanidad, como argumenta la declaración del Frente Amplio. Los altos magistrados no pueden explicar la remoción de la Dra. Motta. Han perdido rápidamente credibilidad social y política. No pueden brindar fundamentos que expliquen una decisión política como hecho administrativo. Ya lo han hecho, sin convencer a nadie.
¿Cómo sigue esta situación?
El diputado del Frente Amplio Luis Puig (MPP-PVP), aseguró que presentará una denuncia ante la Corte Interamericana de DD HH si la Suprema Corte de Justicia declara la inconstitucional la Ley de imprescriptibilidad de los delitos de la dictadura. La Presidenta del FA Mónica Xavier afirmo que si la SCJ declina la invitación para concurrir al Parlamento puede llegarse a la "formalidad de un pedido de informes, realizado individual o colectivamente". Si aún así no hubiera respuesta, "existen mecanismos parlamentarios" para lograr la comparecencia.
El diputado del Frente Amplio Luis Puig (MPP-PVP), aseguró que presentará una denuncia ante la Corte Interamericana de DD HH si la Suprema Corte de Justicia declara la inconstitucional la Ley de imprescriptibilidad de los delitos de la dictadura. La Presidenta del FA Mónica Xavier afirmo que si la SCJ declina la invitación para concurrir al Parlamento puede llegarse a la "formalidad de un pedido de informes, realizado individual o colectivamente". Si aún así no hubiera respuesta, "existen mecanismos parlamentarios" para lograr la comparecencia.
El PIT CNT estuvo, junto a las organizaciones de DDHH y Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, entre los convocantes en la manifestación del pasado viernes. Creemos necesario avanzar en el frente único de las organizaciones sociales con el Frente Amplio, elaborando una estrategia que enfrente la unión conformada por la SCJ, los partidos del sistema, organizaciones empresariales del agro, grandes medios de difusión, etc.-
La campaña llevada desde un sector del Poder Judicial del Brasil en procura de pulverizar al Partido de los Trabajadores (PT) así como la que se procesa en la República Argentina, bloqueando legítimas decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo, también se sostienen en la más alta judicatura. No se trata de cuestionar la Justicia en forma genérica ni su real, o supuesta, independencia, sino su dependencia al poder económico, de la concentración de la propiedad y el capital, junto a sus voceros, centralizados todos en defensa de un sistema que reproduce desigualdad social, económica e institucional.
Es necesario convocar a la sociedad: decenas de miles podrán conmover cielo y tierra, base social imprescindible para avanzar del actual cuestionamiento hacia la remoción de la actual SCJ.- Está en cuestión la arbitrariedad que aplica la SCJ al pronunciarse anulando decisiones del Gobierno y el Parlamento nacional, legítimamente adoptadas, procurando tornarse – como en Argentina – en un super poder sin control democrático político y social.
A no engañarse ni engañarnos sobre el carácter social de clase, que es lo que permanece en el transfondo más profundo de esta crisis. La dirección mayoritaria del Frente Amplio debe dar otros pasos adelante acordando con el PIT CNT y organizaciones sociales y culturales la transformación de la actual institucionalidad – la Constitución naranja – que cruje ante la urgencia de comenzar la construcción de un nuevo Estado democrático, participativo, transformado, transformador, de la realidad, convocando una Convención Nacional Constituyente. Una tarea que han asumido con éxito naciones hermanas del continente y que el Frente Amplio adoptó como propia decisión, la que aún la mayoría de su conducción se viene negando a acatar y aplicar.
Perdido el Poder Ejecutivo y las mayorías parlamentarias, el antiguo régimen procura tergiversar las cosas y adopta decisiones fundamentales para la vida nacional por la puerta de atrás, utilizando los resquicios de una desteñida institucionalidad. Nadie va ha enseñar a las uruguayas y uruguayos cómo y de que forma defender sus derechos.-
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