"El Socialismo es una necesidad de la organización de la vida"
J.Posadas

lunes, 21 de febrero de 2011

Programa 21 de febrero 2O11

Editorial

                                  ¿Campiani, empresario textil?
  Asociación público-privada:
    ganancia de pocos


Miembros del Tribunal de Cuentas se sumaron a partidos y parlamentarios del Frente Amplio en  la objeción  al proyecto de asociación público-privada presentado por el Poder Ejecutivo.

Propuesta que intenta avanzar  en la resolución de grandes  obras infraestructura que necesita  el Uruguay asociando al Estado con consorcios nacionales o internacionales, apoyándose en convenios por lo menos laxos, con escaso control del Parlamento y del tribunal de Cuentas, asuntos que vienen siendo cuestionados por el PS, el PC y otras corrientes de dentro del Frente Amplio.-

Hace pocos días  el ministro  de Energía y petróleo de la República Bolivariana de Venezuela  Rafael Ramírez declaró  ante el parlamento de su país  que el Gobierno revolucionario ha detectado  problemas de aplicación   de un Convenio  Gobierno a Gobierno – del cual participa la empresa privada  uruguaya  Unión metalúrgica Industrial del Sur S.
A. (Umissa) por más de 150 millones de dólares  para la exportación  de 12.000 viviendas prefabricadas, acuerdo firmado por los Presidentes Hugo Chávez y Tabaré Vázquez hace 5 años. 

A pesar de lo acordado Gobierno a Gobierno y a la crisis planteada por el no cumplimiento – o el parcial cumplimiento – de los acuerdos, el Sub Secretario de Vivienda del Uruguay Jorge Patrone declaró que “el convenio es de Gobierno a Gobierno…pero luego es una relación entre particulares que desconocemos”.-

Es decir, queda  en manos de empresas privadas la ejecución o no ejecución de contratos nación a nación, sin intervención del Estado uruguayo, al menos, ya que en Venezuela  un disuado de la oposición al Gobierno del presidente Hugo Chávez le  planteó al Ministro Rafael Ramírez “Ud. ha hecho algo para recuperar el dinero invertido  a para que se construyan esas viviendas?”

La participación minoritaria del Estado nacional que cedió la PLUNA al grupo inversor trasnacional Leadgate, ahora asociado con una empresa trasnacional d e origen canadiense, ha venido acumulando pérdidas constantes, deudas mas que millonarias, de las que el Estado Nacional es solidario en toda su extensión.

Por otro lado el país ha debido intervenir antes y se plantea ahora nuevamente, en la obligación de capitalizar PLUNA nuevamente  en momentos que el director o los directores colocados por el Estado no acuerdan con los balances presentados fuera de forma y de fecha.-

Pues, aunque parezca un asunto descabellado -  creemos que lo es – el Grupo Leadgate, que tiene a  Matías Campiani  como cara visible, está esperando respuesta del Directorio del Banco de la República  sobre una propuesta de compra  de la deuda que tiene la hilandería  Paylana con el Estado, de aproximadamente 20 millones de dólares.


Leadgate viene maquillando   balances en PLUNA. Ahora pretende comenzar a operar en el Uruguay como empresarios textiles pidiendo una quita de la deuda  y una extensión de plazos para quedarse con el paquete accionaria de la casi única empresa textil que se ha mantenido funcionando en el territorio nacional.


La familia Soloducho, antiguos y actuales dueños más virtuales que reales de Paylanavienen manteniendo el funcionamiento de la planta mediante subvenciones constantes del Estado nacional incluido el pago de  salarios. La firma – parece claro a esta altura – no podría hacerlo de otra forma, es decir, en una asociación público-privada donde el Estado pone recursos financieros pero donde el funcionamiento de la textil se mantiene en manos privadas.


No vendrá de los representantes de los partidos Nacional y Colorado un cuestionamiento – por lo menos hasta ahora – a la política se subvención por el Estado de negocios privados. El Gobierno, el ministro de Industria, el Ministro de Trabajo, el Presidente del BROU Fernando Caloia  deben – creemos –  desestimar cualquier nuevo  negocio del Estado con Leadgate. Al Gobierno le preocupa que mas de 600 trabajadores y trabajadoras queden desocupados  con todas las repercusiones sociales, económicas y políticas que esto implica.


La insolvencia  de Matías Campiani y sus socios decide a realizar tan descabellada propuesta  ante el temor del Gobierno nacional de expropiar la textil Paylana, ya adquirida por el estado, al menos en gran medida, y acordar con su funcionamiento a cargo del estado bajo la dirección conjunta con los trabajadores organizados.

No aceptar el chantaje de supuestos empresarios, expropiadores  de los recursos públicos. No lo decimos  nosotros: ahí están las denuncias de los directores estatales – minoritarios – de PLUNA S. A.-








* Programa emitido el lunes 21 de febrero por C X 4O- 8.45 AM

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